Oposiciones de auxiliar administrativo de la junta de castilla y león

Algunas de las tareas que desarrollan los auxiliares administrativos son las de atención al público, informando sobre cuestiones relacionadas con el Negociado, Sección o Departamento al que estén adscritos, así como sobre el estado de tramitación de los expedientes, de acuerdo con las instrucciones recibidas, mecanografiado de todo tipo de documentos, así como incorporación de los documentos a los expedientes de la Unidad Administrativa, su archivo y registro.

Para ser admitidos en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión de la nacionalidad española, la de un Estado miembro de la Unión Europea o de algún Estado en el que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, y el de los nacionales de algún Estado al cual, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de  jubilación forzosa.
3. Estar en posesión, o en condiciones de obtener, el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. (Si no se tiene el título antes del último día de presentación de instancias no se puede presentar a la oposición). En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán poseer el documento que acredite fehacientemente su homologación.
4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que le impidan el desempeño de las funciones y tareas a desarrollar.
5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.